En México, la privación de la libertad no solo impacta a la persona sentenciada: también alcanza a sus familias, en especial a las hijas e hijos que quedan fuera o, en algunos casos, dentro de los centros de reclusión. La maternidad y la paternidad en prisión son realidades poco visibilizadas que exigen un análisis profundo, sustentado en investigaciones recientes como el “Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión” elaborado por Reinserta A.C. (2019).

Un derecho que se vive con obstáculos

De acuerdo con los datos de Reinserta (2019), el 64% de las personas privadas de la libertad en México tienen hijos dependientes, y más del 80% de las mujeres en prisión son madres. Sin embargo, el sistema penitenciario rara vez está preparado para garantizar un ejercicio pleno de sus derechos parentales.

La investigación de Reinserta muestra, por ejemplo, que muchas mujeres madres privadas de libertad carecen de acceso a servicios médicos adecuados durante el embarazo, enfrentan la falta de espacios dignos para la convivencia con sus hijos y deben criar en un entorno que no favorece el desarrollo infantil. Esto ocurre a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce sus derechos a la maternidad, lactancia y custodia.

Niñas y niños invisibles

El diagnóstico de Reinserta (2019) revela que alrededor de 436 niñas y niños viven actualmente dentro de centros penitenciarios en México, en condiciones que no garantizan su derecho al juego, a la educación ni a un desarrollo saludable. Estas niñas y niños, conocidos en la campaña de la organización como los #NiñosInvisibles, nacen y crecen en entornos marcados por la violencia, el hacinamiento y la falta de recursos.

El estudio subraya que, aunque existen algunas áreas de maternidad y educación temprana en ciertos estados, la cobertura es mínima y no se cumplen los estándares nacionales ni internacionales. Esta situación produce lo que los expertos llaman estrés tóxico, un fenómeno que impacta el desarrollo cerebral de los menores y puede generar consecuencias de largo plazo como problemas emocionales, dificultades cognitivas y riesgo de reproducción de patrones de violencia.

Historias que revelan una realidad

Entre los testimonios recopilados por Reinserta (2019) está el de Julieta, una madre de tres hijas que cumple condena en Puebla. Una de sus hijas vive con ella en prisión. Julieta relata cómo trabaja en actividades como ensamblar pinzas de ropa por un pago mínimo, insuficiente para ayudar económicamente a su familia fuera del penal. Su historia, como la de muchas otras, evidencia la precariedad de las oportunidades laborales y de los programas de apoyo para las madres dentro de prisión.

El diagnóstico también incorpora las voces de padres como Gerardo, quien, según los datos recopilados, solo puede ejercer su paternidad a través de visitas esporádicas, cartas o llamadas telefónicas, ya que la ley mexicana no contempla mecanismos claros para apoyar el ejercicio responsable de la paternidad desde prisión. Reinserta enfatiza que esta omisión refleja un vacío legal con una fuerte carga de discriminación de género.

Hacia un cambio necesario

A partir de estos hallazgos, Reinserta (2019) diseñó un Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en Prisión, compuesto por cuatro fases: evaluación, intervención, transición a la vida comunitaria y seguimiento. Este modelo busca fortalecer el vínculo madre-hijo, ofrecer servicios de desarrollo infantil y preparar la salida de los niños cuando cumplen los tres años, edad máxima para permanecer en prisión con sus madres según la ley mexicana.

Un llamado urgente

La investigación de Reinserta (2019) no se limita a mostrar cifras; es una invitación a la acción colectiva. Cada dato recopilado —como los testimonios de madres que crían a sus hijos entre rejas o de padres que no pueden abrazar a sus pequeños durante meses— nos recuerda que el sistema penitenciario impacta a comunidades enteras, no solo a individuos aislados.

Hablar de maternidad y paternidad en prisión es hablar de derechos humanos fundamentales. Las niñas y niños que viven en estos contextos no eligieron nacer o crecer ahí, pero enfrentan las consecuencias de un sistema que, en muchos casos, no ha sido diseñado para protegerlos. Si no se actúa, se perpetúan ciclos de desigualdad, violencia y exclusión social.

Además, este tema está directamente relacionado con la prevención del delito a largo plazo. Las investigaciones citadas por Reinserta demuestran que cuando se atienden las necesidades emocionales y educativas de los hijos de personas privadas de la libertad, se reduce el riesgo de que repitan patrones delictivos en su vida adulta. Por el contrario, ignorar estas necesidades fomenta que crezcan en entornos de carencia afectiva, estigmatización y pobreza, aumentando las probabilidades de reincidir en la marginalidad y el delito.

Reconocer y atender estas historias invisibles no es solo un acto de justicia social, sino una inversión en el futuro del país. Se necesitan políticas públicas claras, presupuestos específicos para la infancia en contextos penitenciarios y la implementación de modelos como el propuesto por Reinserta en todo el territorio nacional. También se requiere capacitación continua al personal penitenciario y coordinación con instituciones como el DIF, para garantizar que cada niña y niño cuente con una red de protección real.

Solo así podremos aspirar a un México donde ninguna infancia quede relegada por la situación de sus padres, un país que vea en cada niña y niño no un problema, sino una oportunidad de construir un futuro más seguro, equitativo y libre de violencia.

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